Sin duda, cuando los ciudadanos cuestionan tanto a los medios de comunicación es por varias causas pero una muy importante y esencial es que, desde algunas redacciones se ha sucumbido al poder económico, político e ideológico, razón por la que se ha dejado de hacer periodismo, esa labor cuya base principal es la de informar de manera contrastada y rigurosa sobre la realidad que se da en la calle y en las instituciones públicas, sostenidas estas últimas con el dinero de los contribuyentes.

Por el contrario, se ha optado por difundir de manera repetitiva, la propaganda más chusca y pueril ya que, quien paga manda. Esto hace que algunos se hayan convertido en meros Medios de Difusión y no de información. Hay que subrayar esta diferencia. ¿Qué fue de aquellos tiempos donde se ponía el foco en las demandas y problemáticas ciudadanas y no en la vaga presentación de eventos con carteles a modo de delantal y con colaboraciones público-privadas que en algunos casos pueden rozar el tráfico de influencias?

Debido a que nuestro Ayuntamiento está acogido al cumplimiento de las obligaciones del artículo 22 del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo que impone a España protección de los intereses financieros, y por el que fue obligatoria la elaboración del actual ”Plan de Medidas Antifraude” al ser beneficiario de ayudas en el marco de los fondos ‘Next Generation’, nuestra institución local procedió a definir dichas medidas con los requisitos exigidos en la norma española y europea donde, entre otros, se destaca la prevención, detección y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Por cierto, según los sindicatos, parece ser que algo se está cociendo en el Ayuntamiento que va en contra de todo esto.

Dicho lo cual, y aprovechando que alegremente el equipo de gobierno se publicitó este verano en algunos medios como, “el tercer Ayuntamiento en transparencia de toda la provincia, tras el de Cabra y Córdoba”, (curiosamente los  tres gobernados por el PP), el 28 de agosto me dirigí confiada al vecino de Priego, Presidente del Área de Hacienda y en estos momentos también Alcalde accidental, el Sr. Antonio Navas Aranda, para solicitarle información sobre mi sector y con ello comprobar si de verdad esa transparencia es tan real como dicen y nos quieren hacer creer. (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887

En este sentido, pedí en aras de su difundida transparencia, información detallada sobre la publicidad institucional repartida entre el gremio: contratos, cantidades, y criterios de adjudicación a unos y a otros, de dentro y de fuera, para luego poder contarles los efectos que pueden tener estas acciones publicitarias en los propios medios, en sus trabajadores y en la opinión pública.

Porque, imagino que a estas alturas ustedes saben de sobra que muchas de las publicaciones en las que se habla de Priego no son producto de la casualidad sino que han sido informaciones pagadas, y no con el salario del concejal de Turismo, el concejal de Hacienda, ni tan siquiera con el amplio sueldo del Alcalde, sino con nuestro dinero recaudado vía impuestos e incluido en las distintas partidas presupuestarias, y que dicho sea de paso, igual preferiríamos que algunas de esas cantidades fueran para otros menesteres mucho más necesarios que lo de difundir en exceso las bondades de nuestra localidad de las que no todos los ciudadanos se benefician. Pero en fin, esto no es nuevo.

Lo muy cuestionable es, simple y llanamente, que no se entiende el miedo que tienen nuestros políticos locales a que el contribuyente sepa la cantidad específica y precisa, y a qué tipo de servicio va a parar su dinero. ¿La razón?, bueno, entiéndase los motivos, máxime si no ejercen ningún control sobre el medio que lo vaya a publicar.

No obstante, no me digan que no sería interesante conocer a través del Portal de Transparencia, la información detallada sobre los medios de comunicación que resultan perceptores de dichos contratos publicitarios, así como el listado de medios que han percibido ingresos por publicidad institucional y las cuantías que recibe cada uno de ellos, con el objeto de comparar si los medios tan precarizados, (como dijo el Alcalde en un Pleno) y que a su vez precarizan el empleo de los periodistas, han podido ser destinatarios de dichos contratos. A su vez, se respondería claramente al tratamiento que dan algunos informadores a ciertas noticias locales e institucionales y el por qué unas interesan que salgan y otras no, además de evidenciar si esas adjudicaciones responden a criterios periodísticos o meramente de ideologías afines y por tanto, discriminatorios, lo cual entraría en el delito de prevaricación.

No se preocupen, yo tampoco lo hago aunque la actual gestión local de lo público esté atravesando momentos tristes, opacos, oscuros y atropellados. La falta de información les perjudica más de lo que les beneficia, y si de aquí a un año todo sigue su curso, esta información y otras similares estarán obligados, nuevamente por Ley, a colgarla en el Portal de Transparencia de la web de nuestro Ayuntamiento de manera entendible a todos los mortales.

Así que por mi parte, no hay prisa, pero eso sí, lo de presumir de transparencia cuando carecen de ella, o la hay sólo en lo que les interesa, no es de ser muy finos porque va en contra del bien general, primer mandamiento que rige las administraciones públicas. La actitud es algo que delata la propia convicción de creerse servidores públicos cuando la realidad demuestra que se quedan tan sólo en servidores de sí mismos.

Lo dicho, ¿transparencia…real?, esperemos que para muy pronto por la cuenta que les trae.

Malu Toro* Vocal SPA/Sindicato de Periodistas de Andalucía